¡Nos expropian! Esta es la queja frente a la reglamentación de la datificación, el proceso por el que se convierte en datos la experiencia cotidiana. Quienes datifican de modo global, el puñado de plataformas con capacidad para ello, al igual que los gobiernos que las apoyan, argumentan que estas normas, al restringir el modo en que los datos se recaban y utilizan, limitan la fuente de sus ganancias. El término empleado en la protesta es, sin duda, una exageración, pero da pie a plantearse que la expropiación podría ser apropiada. ¿Se podría al menos someter a las grandes plataformas tecnológicas a una estricta autoridad y reglamentación multilateral que nos permitiese beneficiarnos del efecto red y las ventajas de su alcance universal?
Como estos planteamientos no parecen viables a corto y medio plazo hay que saludar reglamentaciones parciales que protejan los derechos de creadores y usuarios, incluyendo a los menores y las víctimas de discursos de odio. Lo mismo cabe decir de iniciativas y propuestas que se centren no tanto en la propiedad de los datos ( y de las plataformas), sino en su gestión y el modo en que se utilizan, incluyendo su interoperabilidad y puesta en común. Al cuestionarnos la gestión y control de la datificación se pueden empezar a resquebrajar algunas de las presunciones sobre las que opera el oligopolio exclusivo de las plataformas.
Ya en 2013 Jaron Lanier (¿Quién es dueño del futuro?), tras anticipar la concentración de poder de las tecnológicas y la marginación de sus usuarios, propuso un sistema de retribución a estos en forma de micropagos por sus aportaciones y datos. Y ahora Maurizio Ferraris y Guido Saracco proponen en Tecnosofía (enclave, 2025) que la datificación de la experiencia se comparta, de forma que las plataformas comerciales no sean las únicas que puedan utilizar los datos para explotarlos, —prediciendo y modelizando comportamientos—. La modelización pública coexistiría con la comercial y daría otro uso a los datos extraídos de nuestra experiencia.
No tiene sentido que las enormes capacidades actuales de planificación y gestión de lo previsible queden concentradas en unas pocas manos con fuertes intereses económicos. Imaginemos que un tren de alta velocidad cumple el recorrido de Madrid a Huelva. Podemos imaginar que durante el viaje la geolocalización y los perfiles continuamente actualizados de los viajeros hagan que el mercado tenga lista para cada uno de los viajeros, en cuanto lleguen a destino, una oferta individualizada de bienes y servicios adaptada a las distintas paradas. Una plataforma pública podría en cambio identificar las vibraciones experimentadas en el mismo punto del trayecto por los pasajeros de varios convoyes anteriores y parar el tren antes de la eventual rotura de la vía. Para llevar a cabo una transformación digital acorde al interés público es necesario que se compartan los datos generados en el ámbito comercial. Importa en suma, evocando la reciente novela de Gopegui (Te siguen, RHM, 2025) quién nos sigue, cómo y para qué. ¿Qué datificación queremos? A la pregunta sobre la propiedad de los datos que genera nuestra experiencia Ferraris y Saracco no dan una respuesta directa, pero subrayan que no hay razones sólidas que impidan que se comparta la información para generar perfiles, predicciones y modelos diferentes a los que busca la plataforma comercial que los recabó. Los datos son, al fin y al cabo, bienes no fungibles, públicos, que pueden utilizarse de forma concurrente sin agotarse. El poder público podría asegurar una utilización abierta y concurrente de la datificación. Tecnosofía anticipa que si se comparten los datos se acabarán creando plataformas públicas que generarán recursos suficientes para retribuir a los consumidores que, por los avances tecnológicos, vayan dejando de ser productores. No sería una retribución específica por el uso concreto de los datos, al modo de Lanier, sino un fondo social destinado a la parte menos favorecida de los usuarios.
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